POR: RAÚL PACHECO BLANCO.
Estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo derecho. Antes
las leyes las hacía el Congreso, o por medio de las propuestas de
órganos del poder público, pues en el proceso de su elaboración sufrían cambios
que hacía el legislativo, porque precisamente para eso estaba: para legislar.
Eran leyes reales, que si bien recibían el aporte de otros órganos, sin embargo
el papel preponderante lo llevaba adelante el Congreso. Inclusive la ley de
presupuesto, que es eminentemente técnica y que el ejecutivo se la juega para que
nada se toque, el Congreso mete su baza para enmendar lo que a bien tenga. Lo
mismo sucede con el plan de desarrollo. Y así fuera mínima la injerencia del
legislativo en el proyecto original del gobierno, en todo caso, era un acuerdo
que se llevaba a cabo entre los dos poderes. Ahora se legisla en la Habana. Y
según el abogado de las Farc, doctor Santiago, quien maneja otro lenguaje
jurídico, cualquier participación del Congreso debe reducirse a sacar adelante
la voluntad no del legislador, sino de una ley anterior, acordada entre unas
partes, que para el doctor Santiago equivale a unas altas partes contratantes, es decir
entre estados. Para él las
conversaciones y acuerdo de la Habana obedecen a la formación de un tratado entre naciones y de ahí que esté
por encima de la constitución nacional. Y por eso siempre alegaron, con el doctor
Leyva a la cabeza, que todos los acuerdos iban a formar parte del bloque de
constitucionalidad, así, en chorizada, como si el bloque de constitucionalidad se
pudiera referir a otra cosa diferente a los derechos humanos. Dice Enrique
Santiago, el abogado español de las Farc en El Espectador ( 5-III-017):” Ha
habido aportes importantes por parte del Congreso, que han permitido
“enriquecer” y mejorar el acuerdo. Pero también ha habido intentos de
renegociarlo y eso no es lícito”. ¡Qué tal!, no es licito al Congreso de
Colombia hacer una ley o acto legislativo con todas las de la ley. “Además, no
corresponde a la fase de implementación renegociar algo que se construyó
durante cinco año de conversaciones.” Como si esas conversaciones de la Habana
fueran producto de una Constituyente con
capacidad legislativa suficiente y que su paso por el Congreso es apenas un
requisito formal que nada tiene que ver con la fuente misma del derecho, en su
dialéctica interna de realización. El “espíritu” de la ley está en la Habana y
no en el Congreso de Colombia.
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