En la cárcel está el abogado Víctor Pacheco por haber
confesado el recibo de 152 millones de pesos para hacer lobby ante los
magistrados de la Corte Constitucional Ignacio Pretelt y Alberto Rojas a fin de
que se escogiera el recurso de tutela que buscaba tumbar una millonaria multa
contra Fidupetrol. Y ese mismo abogado también confesó que el magistrado
Pretelt le exigió quinientos millones de pesos por sacarla adelante. Eso solo hecho,
así como está contado es suficiente para que el magistrado Pretelt presente su
renuncia del cargo. Nunca antes había ocurrido un escándalo de estas
proporciones en un tribunal como la Corte Constitucional. Además, ya el caso ha
tomado el suficiente vuelo procesal pues acaba de ser acusado por la cámara de
representantes ante el senado, como se estila cundo se trata de enjuiciar a
altos funcionarios del estado: la cámara acusa y el senado juzga. Si en la
época de la presidencia de Ernesto Samper hubiéramos tenido una cámara de
representantes como la actual, seguramente la acusación contra el presidente
hubiera prosperado, pues el nivel de la evidencia era mayor en aquella época
que ahora.. La actual cámara de representantes merece el reconocimiento de la
opinión pública por tratar de hacer justicia en este caso. Y es más: ahí está
el exmagistrado Nilson Pinilla, excompañero de Corte del acusado Pretelt, quien
conoce de cerca la verdad sobre los hechos que son materia de investigación. Y
como si fuera poco, el exmagistrado de la Corte Rodrigo Escobar se encuentra
investigado por su gestión ante la Corte para sacar adelante la escogencia y
defensa de la tutela interpuesta por Fidupetrol contra el estado y que buscaba
tumbar una multa contra la firma por valor de veintidós mil quinientos millones
de pesos. Ya colegas suyos habían exigido su renuncia, precisamente para poner
a salvo el buen nombre de la institución, cuya creación es considerada como uno
de los mayores aciertos de la reforma del 91 y cuyo prestigio cubre un nivel
internacional y sus sentencias son de necesaria consulta para las demás cortes
del mundo. Que haya pedido su renuncia el presidente Santos es lo de menos,
porque bien sabemos de su interés por prescindir del magistrado Pretelt a la
hora de definir sentencias que tengan que ver con los temas del proceso de paz,
dada su orientación uribista. Lo demás es que el caso va al senado para que
allí se encarguen de juzgarlo, como han debido hacerlo con el expresidente
Samper.
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