Si faltaban pruebas sobre la debilidad de este gobierno y
sobre todo su inseguridad al tomar decisiones, el manejo que le ha dado al fallo
de la Corte de la Haya y la pérdida del mar territorial por parte de Colombia,
lo acaban de confirmar. Cuando las dos
partes estaban de acuerdo en dejar en manos de la Corte la solución del conflicto,
estaban comprometidas a aceptar a su vez
el fallo que se produjera. De no ser
así, Colombia ha debido no hacerse parte en el juicio, desconocer previamente
la competencia de la Corte para conocer el caso y descalificar cualquier
decisión que tomara. Pero no entrar a
descalificar a la Corte cuando el fallo le ha resultado adverso. El gobierno sintió miedo ante la opinión
publica al ver que en parte la sentencia era desfavorable y corrió a
refugiarse en el criterio guerrerista del
expresidente Uribe, quien para todo se reduce a tomar decisiones de fuerza.
¿Cómo desconocer un fallo de estos cuando la comunidad internacional ha
depositado su confianza en un organismo como la Corte de la Haya? ¿Qué otra salida habría al rechazar el fallo
que la declaratoria de guerra a Nicaragua o la defensa de la soberanía
territorial?
Mucho se habla de la
solidaridad latinoamericana, las constituciones de todos los países del
área claman por la unidad, por la hermandad y cuando se trata de aceptar un fallo de un tribunal internacional , se rasgan
las vestiduras y todos aquellos ideales de fraternidad se van al suelo Lo que vale ahora es tender puentes con el
gobierno de Nicaragua para garantizarle la pesca a los pescadores colombianos,
que por cierto se quejaban de que los Nicaraguenses no les dejaban pescar en esas
áreas cuando eran colombianas. Y zanjar
definitivamente ese pleito y hacer olvidar para siempre que San Andrés y Providencia, Santa Catalina,
Roncador y Quitasueño son nicaragüenses y que reconozcan que le legítimamente
le corresponden a Colombia, no solamente por el uti possidetis iure, sino por sucesivos fallos de Cortes
internacionales. Es más importante esto,
que pretender avivar un conflicto luego de un fallo desfavorable pero
previamente aceptado por las partes en
contienda Un gobierno fuerte, que no
violento, se atiene a las consecuencias
de un desenlace de ese tipo que tiene como base el derecho y, que por lo tanto, se le debe respeto y acatamiento, puesto que
no se ven irregularidades que vengan a descalificarlo. Si se le reconoce respetabilidad a la Corte,
si previamente se sometía a su jurisdicción no cabe duda alguna que se debe
acatar la decisión que toma así sea desfavorable.
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