POR: RAUL PACHECO BLANCO
El acuerdo de paz firmado en el teatro Colon resulta
inmodificable bajo el punto de vista de la guerrilla y del gobierno. Pero no
del estado. Había necesidad de que ese pacto se convirtiera, de simple acuerdo con
el gobierno a acuerdo con el estado y, de ahí, que le quedaban faltando
instancias, como las de acudir a un legislativo deliberante y a un judicial autónomo.
Y además de esto, quedaba el libre juego del pueblo que es el titular de la soberanía
y quien tiene que decidir en definitiva si los aprueba o no. Este paso no se ha
dado y si bien se hizo el intento con el plebiscito, fue el mismo pueblo el que
dijo no a la integridad de sus
propuestas y no ha sido subsanado ese vacío constitucional hasta el momento. Se
acudió al Congreso para darle algún viso democrático pero no era lo pertinente.
La guerrilla no tiene problema alguno porque obra motu propio, ya que se trata
de una organización vertical y centralizada, en donde el poder es omnímodo y
disentir le puede costar la vida a cualquiera dentro del ámbito de su dominio.
En cambio del otro lado, del estado, está compuesto por tres podres, el
ejecutivo, el legislativo y el judicial y con otro ítem: que todos deben estar
sujetos a lo mandado por la constitución y, como ya lo dijimos, al mandato del
pueblo que es el titular de la soberanía y del poder constituyente. Así que la
situación es compleja y no tan simple como la decisión que si puede tomar el alto mando de la guerrilla. Ahora,
ya está desmontado el aparato habilidoso que trataron de montar el abogado Santiago y Alvaro Leyva,
como si se tratara de un acuerdo
especial dentro del ámbito del derecho internacional, dándole categoría de estado
a la guerrilla cosa que era totalmente traída de los cabellos y que afortunadamente
la Corte enmendó. Luego nos estamos moviendo dentro del ámbito del derecho
interno y solamente apelamos al derecho internacional en el caso excepcional de
los derechos humanos y del derecho humanitario, que si pueden entrar al bloque
de constitucionalidad, pero no las trescientas y más páginas del acuerdo que
los defensores legales de la guerrilla pretendían que era un todo constitucional, como si fuera una
constitución paralela. Con estos presupuestos han debido contar los negociadores
del gobierno, porque no se trataba de una asamblea constituyente que estuviera
reunida para producir una nueva constitución.
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