POR: RAUL PACHECO BLANCO.
Una de las conclusiones del proceso de paz tiene que ver con
la derrota del derecho. No cabe duda. En este caso del derecho positivo. Para
una mentalidad liberal no puede haber alarma mayor al contemplar que las leyes
existentes y la misma constitución no son la guía para solucionar un problema
de orden interno como la guerrilla, sino otros los valores que se imponen: la
seguridad, la convivencia, el perdón, la reparación, en fin, valores que
resultan superiores al derecho. Quedaría pendiente el debate sobre la justicia
y la equidad. En el proceso de paz se sacrifican las normas del derecho cuando
se crea una justicia paralela a la tradicional, se sacrifican los procedimientos
reglamentados en la constitución, como la disminución de debates para que un
acto legislativo se convierta en derecho, la falta de publicidad de los
proyectos de actos legislativos, la amnistía hasta para los crímenes de lesa
humanidad y de falsos positivos, para enumerar los más importantes. Para ese
pensamiento liberal se trata de una simple legüleyada, o lo que los sociólogos
han llamado la cultura del avivato: el que se cuela en las filas de los bancos
o entidades diversas, el que juega con los incisos, el que le hace el quite a
la ley, el que la acomoda todo a sus propios intereses. La justicia transicional
es una auténtica leguleyada, porque no contempla las penas de privación de la
libertad, porque se le hace un lance torero a disposiciones como la creación de
la Corte Penal internacional para sancionar delitos de lesa humanidad. Para los
que no tienen una mentalidad liberal en cambio, y ya dentro de una amplia gama
de posiciones, el derecho no es un dogma, no es intocable, pues hay valores
superiores como la justicia, la moral, la equidad, la paz, la convivencia y por
lo tanto, se pueden sacrificar las normas cuando se den las condiciones para
sacar una ventaja en valores, normas que logramos consagrar luego de trámites
ante los tres poderes y que tienen su techo en la constitución nacional. Es
decir, que la constitución no es el valor supremo, que las leyes ni los actos
legislativos son entidades de tal valor que no puedan ser pasadas por alto sin
que se resquebraje el orden social. Porque también podemos decir que aquí la
política se convierte en el valor esencial, más importante y, con tal de arreglar
nuestros asuntos internos, el derecho debe ser dejado a un lado, o desfigurado.
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